Blueprint for Free Speech responde a Consulta Pública en España, por una amplia protección de los alertadores

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Blueprint for Free Speech ha participado en la consulta pública abierta por el Ministerio de Justicia el pasado 7 de enero con el fin de recoger la opinión de personas y organizaciones afectadas por la Transposición de la Directiva Europea 2019/1937 relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones del derecho de la Unión.

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Cuestión de derechos humanos

Blueprint for Free Speech comienza su informe abordando la protección de las personas alertadoras como un derecho humano, que emana del derecho a la libertad de expresión. Por ello, alega que la transposición de la Directiva UE debe ir más allá de ser una herramienta de lucha contra la corrupción en España, abogando por una ley integral con un enfoque de derechos para la protección de los alertadores.

La protección del anonimato, por ley

El anonimato es otra de las medidas que Blueprint for Free Speech defiende en su informe como una medida completamente necesaria para proteger a los alertadores, sobre todo en un país como España, donde aquellos que dan a conocer información sobre delitos y malas prácticas corren el riesgo de afrontar un proceso judicial por defender el interés público.

Ampliar la protección de personas

Blueprint for Free Speech recomienda, además, ampliar la protección a todas aquellas personas físicas o jurídicas que den a conocer información de interés público, así como a terceras personas como facilitadoras o familiares, entre otros. Solo así se garantizará que la ciudadanía esté adecuadamente protegida al alertar.

Canales internos: uso no obligatorio

Blueprint for Free Speech defiende la obligación de establecer canales de denuncia internos a todas las entidades públicas y privadas, sin eximir a entidades de menos de 50 trabajadores, tal y como ahora contempla la transposición de la ley. Además, aboga por extender a sectores de alto impacto esta obligatoriedad, como el financiero, el medioambiental o la salud, éste último por causa de la actual situación de pandemia. No obstante, defiende el derecho a elección de los canales para alertar, sin obligar a utilizar los canales internos como opción primera.

Estas cuestiones vienen a ahondar en la propuesta que hizo pública Blueprint for Free Speech, conjuntamente con la coalición ABRE, para abordar con éxito la transposición de la ley para la protección de las personas alertadoras en España.

Opinión pública mayoritaria a favor de la protección

Una encuesta realizada por Blueprint for Free Speech, en colaboración con la consultora internacional IPSOS, revela un fuerte apoyo público a la protección de los alertadores en toda España. El estudio recoge la opinión en materia de protección de personas alertadoras en España sobre una muestra de 2.174 entrevistas realizadas a nivel nacional. Las categorías de la población encuestada analizadas por género, edad, niveles de educación y estado civil muestran un respaldo firme, que van desde el 64% en el grupo más bajo hasta el 77% en el más alto.