Día Mundial De Los Alertadores: Máximo Respaldo En España, Un País Sin Legislación Al Respecto
Este 23 de junio, se celebra el Día Mundial de los Alertadores, sin una trasposición de la Directiva Europea en España, uno de los pocos países miembros de la UE sin una ley nacional de protección de los alertadores.
Desde que se aprobase la Directiva 2019/1937 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 23 de octubre de 2019, en España no se ha avanzado en la trasposición de la misma, cumpliéndose el plazo este año 2021.
Blueprint For Free Speech ha publicado un nuevo estudio de investigación en inglés y en castellano basado en la opinión de los ciudadanos españoles sobre la denuncia de irregularidades, la corrupción, el secreto y el anonimato. Basado en 2.174 entrevistas, esta encuesta nacional refleja lo siguiente:
El 71% de los encuestados piensa que los alertadores deben ser protegidos, no castigados, incluso si esto significa revelar información interna.
Un rotundo 86% de los españoles piensa que quienes tienen información sobre faltas graves en una organización deberían poder recurrir a un periodista, los medios de comunicación o internet para llamar la atención sobre irregularidades. El apoyo incluye a los alertadores que lo hagan como primera opción, a quienes cuenten con un motivo específico, o como último recurso. Esta cifra tan alta claramente apunta a un apoyo abrumador para proteger a los alertadores que decidan realizar revelaciones públicas.
El 57% de los españoles piensa que en las organizaciones se mantiene en secreto demasiada información, y sólo el 21% cree que se guarda en secreto una cantidad adecuada de información. Las mayorías a favor de la transparencia fueron particularmente notables en los grupos de edad de 25 a 34 y de 35 a 44 años, con un 66% y un 61% respectivamente.
Las mujeres se mostraron más escépticas de las organizaciones: el 62% en general dijo que el nivel de secreto en las instituciones públicas y privadas era demasiado alto, en comparación con el 52% de los hombres.
Si bien existe una mayoría a favor de una mayor transparencia a nivel nacional, las opiniones son notablemente más favorables en algunas comunidades autónomas, con La Rioja (86%), Cantabria (72%) y Murcia (69%) registrando puntuaciones significativamente altas.
Solo el 15% de los españoles desea que los alertadores faciliten sus identidades al destinatario de la información. Es posible que el destinatario no sea la persona a la que acusan de corrupción; podría ser una agencia anticorrupción, por ejemplo.
Una mayoría de la población española (60%) cree que las personas que alertan de la corrupción o de infracciones graves deberían poder hacerlo de forma anónima si creen que van a sufrir represalias, según el informe de Blueprint For Free Speech.
"En esta encuesta, la opinión pública española muestra claramente un tsunami de apoyo a que los alertadores puedan acudir a los medios de comunicación: Un 86% de apoyo es enorme", afirma la directora ejecutiva de Blueprint, la Dra. Suelette Dreyfus.
Esta investigación también ha revelado una mayoritaria defensa pública entre los españoles al anonimato de los alertadores.
“Este apoyo del 60% entre los españoles para garantizar el anonimato de los alertadores ha superado nuestras expectativas sobre este tema particularmente delicado en España, debido al estigma histórico asociado a las alertas. Ofrecer a las personas que alertan la alternativa del anonimato es esencial. A veces corren el riesgo de perder su trabajo, pero también tienen un riesgo físico. El anonimato es realmente importante. Lo más importante es centrarse en lo que se informa, no en quién lo informa. Y el anonimato permite que eso suceda", afirma Bruno Galizzi, investigador y evaluador de Blueprint for Free Speech.