Acoso laboral en la Televisión de Galicia
La relación de los derechos LGBTI y la protección de los alertadores en la España de 2021
Hoy, 28 de junio, se celebra el Día Internacional del Orgullo LGBTI para visibilizar y aceptar la presencia de este colectivo en la sociedad. El reconocimiento es necesario por una buena razón: el 75% de los trabajadores declaran haber visto algún tipo de agresión verbal hacia el colectivo LGTBI en el trabajo, según una encuesta realizada por el sindicato UGT.. Blueprint for Free Speech publica hoy una investigación sobre la percepción de los trabajadores españoles a la hora de denunciar hechos graves en sus empresas. Un ejemplo puede ser el maltrato a los trabajadores LGTBI a causa de su orientación sexual.
Este tipo de acoso laboral pone de manifiesto que no todas las irregularidades graves que denuncian los alertadores tienen que ver con el fraude o la corrupción. En ocasiones se trata de otro tipo de irregularidades, por ejemplo por incumplir la ley, ya que no está permitido ningún tipo de discriminación por una determinada tendencia sexual.
Menos de la mitad de los españoles encuestados (45%) cree que su empresa se toma en serio la protección de los alertadores, según el nuevo informe de Blueprint: Whistleblowing en España: Los trabajadores, la dirección y la denuncia. Además, las personas con trabajos menos cualificados o con ingresos más bajos confían aún menos en esa protección. Se trata de un claro signo de desconfianza de los trabajadores españoles sobre la voluntad de que sus empresas se toman en serio sus denuncias.
España fue el tercer país del mundo en legalizar el matrimonio entre personas del mismo sexo, en concreto en 2005. 16 años después, tener una orientación sexual minoritaria puede seguir siendo motivo de acoso laboral en una empresa, incluso en los medios de comunicación.
Fito Ferreiro Seoane (A Coruña, 1962) es un reportero gráfico que trabaja desde 1985 en la Televisión de Galicia (TVG), en donde tiene una plaza fija desde 1986. Ha presentado una demanda en el Juzgado de lo Social número 2 de Santiago de Compostela en la que denuncia la situación de "acoso laboral" que, según él, sufre desde 2005 por su "actividad sindical y política y por su orientación sexual, ya que es homosexual".
Ferreiro asegura que no reconoció la causa de los ataques de ansiedad que sufría hasta hace poco más de un año, cuando un psicólogo de la Seguridad Social le hizo ver que era su entorno laboral el que le generaba malestar: “empiezo a darme cuenta de que estaba sufriendo acoso. Es alguien desde fuera el que me hace lo hace ver… Al final te acostumbras a que te hagan alguna putadilla, sobre todo las personas LGBT como estamos acostumbrados a que digan tantas cosas de nosotros, tienes la piel dura”.
Fito explica cómo comenzaron sus problemas: “cuando se hace publico mi activismo LGBT, cuando doy el paso y empiezo a dar entrevistas, cuando me dan un cargo orgánico en el partido… Cuando esas dos cosas florecen empiezo a notar que mi carrera profesional empieza a desaparecer”. Ferreiro es un activista para defender los derechos del colectivo LGBTI desde 1998, primero de forma independiente –fue fundador de la asociación ALAS-, y a partir del 2006 con el PSOE. Llegó a ser coordinador Federal de los grupos LGBTI de este partido y también concejal en A Coruña desde 2015 al 2019.
Argumenta que a pesar de su experiencia de varios años cubriendo conflictos bélicos y otros temas internacionales en países como Iraq, Afganistán, Timor Oriental, Bosnia o Venezuela, la empresa ya ni siquiera cuenta con él para cubrir comicios regionales o nacionales: “llevo 20 años sin estar en el equipo de elecciones. Cada vez que hay elecciones hay 12, 14 reporteros gráficos, somos 40, y tendría haber hecho alguna vez elecciones en los últimos 20 años y no las he hecho”.. Además, Ferreiro prueba con varios escritos que ha solicitado el traslado a la delegación de A Coruña de 2010 para cuidar de su padre dependiente. Asegura que su nombre está en el libro de traslados de la TVG desde 1986, pero que nunca le han concedido el traslado a pesar su plaza fija en la empresa desde hace 35 años
Según Fito, su caso no es el único, hay otros empleados que prefieren ocultar su orientación sexual en la Televisión de Galicia: “yo tengo plaza fija en la tele y no me pueden echar. A un contratado que se le acaba el contrato dentro de 6 meses, no le renuevan y… ése es el problema”.
El juicio sobre su caso se iba a celebrar este 28 de junio, día simbólico para la comunidad LGBT, pero se ha aplazado hasta septiembre. El objetivo de Fito no es económico: “tuve que poner una cifra mínima ya que es una demanda de derechos fundamentales … Es un tema de dignidad y que me restituyan mi carrera profesional, y por lo menos que los últimos 6-8 años de trabajo pueda ejercerlos en Coruña… y lo que sí pedí es que se hagan cursos sobre LGBTIfobia, igualdad LGBTI en la empresa, tanto a los trabajadores como a la dirección de la empresa. Ese punto es innegociable”.
Según explica Fito, “una parte grande de la Televisión de Galicia se alegró de esta denuncia porque muchos se sienten acosados de determinada manera, sea solamente laboral, o por ser mujer”. Además, señala que miembros del Opus Dei tienen poder en la Televisión de Galicia. Fundado en 1928 en España, el Opus Dei es una institución secreta, controvertida y muy conservadora dentro de la Iglesia Católica. Sus miembros han apoyado o participado en gobiernos autoritarios o de derechas, como el régimen fascista de Franco que gobernó España hasta 1978. La iglesia causó controversia cuando canonizó al fundador del Opus Dei en 2002.
Dentro de la Iglesia católica, la homosexualidad sigue siendo un tabú. En marzo de este año, la Iglesia confirmó su negativa a bendecir los matrimonios entre personas del mismo sexo a través de una declaración de la oficina de ortodoxia del Vaticano, diciendo que Dios "no puede bendecir el pecado".
“La gente del Opus Dei ya estaba con Fraga y siguen ahí manteniéndose” afirma Ferreiro sobre la Televisión de Galicia. Manuel Fraga fue ministro de Propaganda en el Gobierno de Franco y fundó el conservador Partido Popular (PP). “Un Secretario General del PSOE en Galicia llegó a decir que en la Televisión de Galicia tenían el poder 10 familias diferentes del PP. Es un chiringuito” añade Fito.
La historia de Fito Ferreiro Seoane es un ejemplo de la vulnerabilidad a la que pueden estar sometidos los trabajadores y trabajadoras a la hora de denunciar las graves irregularidades que puedan cometer sus empresas. Los datos del nuevo estudio de Blueprint se hacen eco de esta sensación de vulnerabilidad de los empleados españoles según una encuesta de investigación:
Menos de la mitad (45%) de los encuestados cree que su empresa se toma en serio la protección de los alertadores.
Los trabajadores peor pagados, y los que ocupan puestos de trabajo menos cualificados, confían menos en la protección de su dirección por denunciar irregularidades que los trabajadores mejor pagados.
Sólo el 40% de los empleados que ganan hasta 18.000 euros al año, frente al 53% de los que ganan más de 60.000 euros al año, creen que su dirección se toma en serio la protección de las personas que alertan.
Sólo el 41% de los técnicos, oficinistas y trabajadores de servicios y el 46% de los trabajadores de profesiones elementales y de las fuerzas armadas están de acuerdo en que su empresa haga un intento serio de proteger a un denunciante. La cifra se eleva al 51% entre los directivos y los trabajadores profesionales.
"Nuestra encuesta muestra que solo una minoría de los trabajadores cree que sus empresas protegen a los alertadores. Los trabajadores con menores ingresos confían menos en sus empleadores. Por ejemplo, si un trabajador cree que la dirección de su lugar de trabajo tiene prejuicios por su orientación sexual o por su actividad sindical o ideología política, probablemente no denunciará para evitar problemas mayores. La mala situación de los trabajadores se cronifica ya que la empresa continuará teniendo prejuicios y los empleados seguirán en silencio por miedo a represalias" afirma Bruno Galizzi, investigador de Blueprint for Free Speech.
