25 Organizaciones De La Sociedad Civil Reclaman De Forma Urgente Al Gobierno Español Y A Grupos Politicos Enmiendas A La Futura Ley De Protección A Alertadores
Tras la aprobación por parte del Consejo de Ministros del Anteproyecto de Ley de protección de informantes de infracciones normativas y de lucha contra la corrupción, 25 asociaciones de la sociedad civil urgen al gobierno que modifique aspectos cruciales del texto en el proceso de aprobación final.
Blueprint For Free Speech, Access Info, Hay Derecho y Xnet, que impulsan la iniciativa, también apoyada por 21 organizaciones más, advierten del grave retraso en la transposición de la Directiva Europea relativa a la protección de las personas que informan sobre infracciones.
Un total de 25 organizaciones han enviado al Gobierno y a grupos parlamentarios un DECÁLOGO DE MEJORAS del actual Anteproyecto de Ley para evitar que el texto final pueda resultar en perjuicio de los propios informantes, también llamados alertadores. El decálogo incluye la necesidad de eliminar sesgos respecto a la motivación de quien informa y los requisitos para demostrar quién puede ser amparado por la Ley. También exigen mayor concreción en las definiciones como la de “represalia”, con el fin de limitar la posibilidad de interpretaciones restrictivas o contraproducentes para el informante, a la vez que pide eliminar cualquier limitación temporal ya que los informantes a menudo sufren represalias mucho tiempo después de haber comunicado los hechos.
En el Decálogo también se solicita que se garantice el anonimato del alertador y la posibilidad de elegir el canal para informar que considere más seguro sin ningún tipo de perjuicio. Además, pide proveer medidas contundentes de protección al informante como apoyo económico y asistencia legal y psicológica de forma general y no en casos excepcionales.
El proyecto de Ley ha sido aprobado en segunda discusión el 13 de septiembre por el Consejo de Ministros. La UE establecía el 17 de diciembre de 2021 como fecha límite para la transposición a nuestro ordenamiento jurídico de la Directiva Europea 2019/1937 de protección de informantes. El retraso de ocho meses del ejecutivo ha supuesto ya una sanción para España.
La Coalición Pro Acceso es una plataforma fundada en 2006, dedicada a la promoción y protección del derecho fundamental de acceso a la información. Actualmente, la integran casi cien miembros, entre organizaciones de la sociedad civil y personas expertas en temas de comunicación y acceso a la información.