El Congreso de España da media sanción una ley en para proteger a las personas que informan
En el año 2016 Ciudadanos había propuesto por primera vez un proyecto para regular la protección de las personas alertadoras, despertando en todo el país debates al respecto sobre una materia novedosa para muchos. Luego de años de diferentes propuestas y de la aprobación de una Directiva Europea, España tiene hoy media sanción de una ley sin antecedentes a nivel nacional.
La votación se hizo el 22 de diciembre con un resultado a favor por 200 votos, en contra a los 142 negativos y 4 abstenciones; con una mayoría menos contundente de lo que podría esperarse dada la relevancia de la materia y los requerimientos establecidos por la Unión.
Blueprint for Free Speech ha publicado un documento identificando los problemas más urgentes y preocupantes que se mantienen en el borrador debatido presentado por el Gobierno de España el 23 de Septiembre de 2022 121/000123 Proyecto de Ley reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción. El documento presenta y describe cada uno de los puntos que son necesarios enmendar para avanzar realmente en la protección de personas informantes en España, y recomienda las enmiendas que pueden adoptarse para poder solucionarlo. Este documento ha sido distribuido entre diputados y tomadores de decisión durante los días de debate previos a la votación.
El documento inicia abordando los temas que se consideran de mayor preocupación y urgencia: la responsabilidad penal y civil de las personas que informan y las barreras a informar mediante una multiplicidad de canales. Esto no quita relevancia a los múltiples puntos planteados a continuación, sin los cuales este será un proyecto insuficiente. Sin embargo, ambos asuntos son de extrema sensibilidad, pudiendo afectar de manera transversal la implementación de una ley que pueda traer un tan esperado y necesario cambio a España.
Es un enorme avance que España esté en la antesala de contar, finalmente, con una ley para proteger a los informantes. Ha sido el resultado de años de trabajo por un amplio abanico de actores desde el sector público y privado, pero sobre todo desde la sociedad civil organizada y de mismas personas alertadoras que han reclamado infinitas veces por esta ley.
Sin embargo, este es sólo el primer paso. Esta será una base para luego luchar por mejoras. Pero una base que, confiamos, traerá garantías a quienes decidan señalar actos en contra del interés público en España.