Asesinato de Daphne Caruana Galizia en Malta: la llave de la puerta mortal para otros periodistas europeos

Primero fue Daphne Caruana Galizia en Malta en octubre de 2017;

cuatro meses después fue Jan Kuciak en Eslovaquia en febrero de 2018;

en abril de este año fue Giorgos Karaivaz en Grecia;

y en julio de este año fue Peter R. de Vries en Holanda.

Estos cuatro asesinatos tienen algo en común: todas estas víctimas mortales eran periodistas que investigaban la corrupción: Galizia en los negocios y la política; Kuciak investigaba el fraude fiscal de empresarios vinculados a políticos; Karaivaz era un cazador implacable de delitos en el cuerpo policial y del crimen organizado, tenía vínculos con ambos; y Vries, era un famoso reportero criminalista que asesoraba a un testigo en un caso de una banda holandesa-marroquí.

Galizia fue asesinada con un coche bomba. Kuciak fue asesinado a tiros en su apartamento junto con su prometida Martina Kušnírová. A Karaivaz le dispararon unas 17 veces mientras aparcaba fuera de su casa; el asesino se bajó de la parte trasera de una motocicleta conducida por un cómplice, y disparó en la cabeza para rematar a la víctima. De Vries recibió un disparo en la cabeza en Ámsterdam, ante una multitud, y permaneció nueve días en un hospital hasta que no pudo superar sus heridas.

En ninguno de los casos se ha condenado a la persona que ordenó los asesinatos, un hombre en Malta al que se le impusieron 15 años por colocar la bomba; un empresario en Eslovaquia absuelto de ser el autor intelectual del asesinato de Kuciak; las autoridades griegas creen que los asesinos de Karaivaz fueron importados de otro país y huyeron; la policía holandesa retiene a dos sospechosos del asesinato de De Vries, que se cree que son asesinos a sueldo.

La hermana de Caruana Galizia, Corinne Vella, ha declarado que ha asistido a todas las vistas judiciales del caso, que se prolonga casi cuatro años después de que la periodista investigara la corrupción hasta el despacho del entonces primer ministro Joseph Muscat, que dimitió tres meses después de su muerte.

“Cuando fue asesinada, se temía que alguien más pudiese morir de la misma forma. Tres meses después Jan Kuciak fue asesinado", relata a Blueprint for Free Speech, creyendo, como así lo confirma una investigación independiente de ex jueces en Malta, que políticos y criminales piensan que allí están por encima de la ley. Una actitud que llevó a este asesinato.

"Lo que quiero es que se haga justicia. Quiero justicia para Daphne. Malta ha fallado a Daphne y ahora todavía se puede hacer justicia" afirma la hermana de Caruana. "No quiero venganza. Esto subraya algo que los grupos de libertad de prensa han dicho todo el tiempo... la cultura de la impunidad... que su caso es un emblema y afecta a lo que ocurre en otros casos en Europa".

La investigación sobre el asesinato de Caruana Galizia concluyó que el estado maltés "tiene que asumir la responsabilidad" del asesinato, porque los gobernantes pensaron que podían salirse con la suya, y así lo han hecho hasta ahora.

El informe afirma que el Estado no reconoció el riesgo real que corría la vida de Caruana Galizia, dadas las amenazas que había recibido, y no la protegió. Su familia afirmó que las conclusiones mostraban "que su asesinato fue un resultado directo del colapso del Estado de Derecho y de la impunidad que el Estado proporcionó a la red corrupta sobre la que ella informaba".

Tras su asesinato, la entonces Comisaria de Justicia de la Unión Europea, Vera Jourova, presionó a las autoridades maltesas para que agilizasen una investigación, algo que no ocurrió.

El vicepresidente de la Comisión, Frans Timmerman, dijo entonces que la investigación "no se trata sólo de llevar ante la justicia a las personas que realmente han fabricado la bomba que mató a Daphne. Se trata también de descubrir quién dio la orden de hacerlo". Pero aún no se ha descubierto. Eso fue en abril de 2018.

3 años y 5 meses después, se ha presentado una acusación por complicidad en el asesinato y por conspiración criminal contra Yorgen Fenech, un hotelero, que negó cualquier implicación en el asesinato. Esta acusación llega después de que las autoridades maltesas, presionadas por la UE y por grupos de periodistas internacionales, reunieran pruebas y testimonios de testigos.

Tres hombres fueron acusados de llevar a cabo su asesinato, uno de los cuales se ha declarado culpable. Un presunto intermediario recibió un indulto por parte del gobierno para que revelase lo que sabía. Otras dos personas fueron acusadas de facilitar la bomba.

Yorgen Fenech, uno de los empresarios más ricos de Malta, participaba en un consorcio que obtuvo un contrato con el gobierno maltés para construir una central eléctrica y dirigía un imperio empresarial que incluía propiedades, importaciones y un concesionario de automóviles.

La espera continuará, ya que no se ha fijado una fecha para su juicio, aunque Vella dijo estar satisfecha de que la incesante presión de la familia de Caruana Galizia, los grupos mediáticos y la UE hayan arrinconado a Malta para que finalmente haga algo.

"La razón por la que la investigación pública se produjo es porque hubo una campaña sostenida para que se hiciera", afirma la hermana de Caruana. "Si la impunidad persiste, otras personas van a ser asesinadas. Los sistemas de lucha contra el crimen no están a la altura de la celeridad y precisión de los propios delincuentes".

Los periodistas siguen siendo asesinados en todo el mundo: 50 en 2020, según Reporteros sin Fronteras; esta cifra asciende a 66 según la Federación Internacional de Periodistas. El nombre más mediático es el Daphne Caruana Galizia.

Ella se ha convertido en un símbolo para la profesión, mostrando lo peligroso que es ejercer el periodismo ahora, con gobiernos autoritarios que persiguen a los reporteros, gobiernos que intentan frenarlos con legislación y gánsteres que ya no temen atacar a periodistas.

Attila Mong, periodista húngaro, corresponsal en Berlín del Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés), ha declarado a Blueprint For Free Speech que el grupo "ha sido coherente al decir que las autoridades maltesas deben tomar todas las medidas para garantizar que todos los autores de este crimen, incluidos sus autores intelectuales, sean llevados ante la justicia y que Malta debe acabar de una vez con la impunidad en su asesinato".

Señala que, siete meses después del asesinato de Caruana Galizia, el director ejecutivo adjunto del CPJ, Robert Mahoney, declaró ante la Comisión de Helsinki que "era urgente abordar la cuestión en la Unión Europea, donde los ataques a la prensa han sido relativamente escasos a lo largo de los años, pero que el entorno está cambiando".

La ONG de la sociedad civil Repubblika celebró en agosto una vigilia frente al Palacio de Justicia de La Valeta, la capital maltesa, para demostrar que sus partidarios no se van a ir y que seguirán el caso.

La presidenta electa de Repubblika, Alessandra Dee Crespo, ha dicho que el actual gobierno del primer ministro Robert Abela, que pidió disculpas a su familia por los fallos del Estado, se había opuesto a la investigación de un grupo de jueces.

"Las personas en el poder han cambiado, pero la situación sigue siendo la misma, o eso parece", afirma Alessandra Dee Crespo.