El caso de acoso laboral en Televisión de Galicia llega a los tribunales
A principios de este año, llamamos la atención sobre el caso de Fito Ferreiro Seoane, un camarógrafo de A Coruña en España que ha trabajado en la cadena pública Televisión de Galicia (TVG) desde 1985.
Además de videoperiodista y operador de cámara profesional, Ferreiro es activista en defensa de los derechos de la comunidad LGBTI desde 1998, primero de forma independiente y, a partir de 2006, con el partido socialdemócrata PSOE. Llegó a ser coordinador federal del grupo LGBTI de ese partido y también concejal en A Coruña desde 2015 hasta 2019.
Fito nos explicó cómo advirtió, una vez que ganó notoriedad pública por su activismo "que mi carrera profesional empezó a desaparecer." Fito había sido enviado a áreas de alto riesgo y zonas de guerra a nivel internacional, cubriendo historias complejas en lugares como Timor Oriental, Bosnia, Irak y Venezuela a lo largo de su larga carrera. Ahora, dice, ya ni siquiera le asignan la cobertura de elecciones nacionales y regionales.
En 2020, Fito empezó a sufrir ataques de pánico. Fue un psicólogo quien ayudó a Fito a establecer la conexión con el deterioro de sus condiciones de trabajo.
El viernes 24 de septiembre, el caso de acoso laboral de Fito contra la TVG es juzgado por la jueza María Iria Román Vidarte en el Juzgado de lo Social número 3 de Santiago de Compostela. Fito alega que, desde 2005, ha sido discriminado en la TVG y pide que se establezca una formación en materia de igualdad en la empresa. En la vista de esta mañana está previsto que declaren cuatro testigos.
Como empleado fijo, Fito no puede ser despedido, pero cree que los compañeros de la TVG que trabajan con contratos menos seguros también sufren discriminación en la empresa. Una encuesta nacional que publicamos a principios de este año muestra que la mayoría de los trabajadores peor pagados en España tienen poca confianza en los compromisos de sus empleadores para proteger a los denunciantes.
España es uno de los pocos países de la UE que todavía no ha hecho progresos significativos en la aplicación de la nueva protección de los alertadores en la legislación nacional.