El Gobierno Español incumple el plazo, que finaliza este 17 de diciembre, para integrar en el ordenamiento jurídico la ley europea que protege a las personas que denuncian irregularidades
España no ha cumplido con el plazo dado por Bruselas, hasta este viernes 17 de diciembre de 2021, para incluir en el ordenamiento jurídico de cada Estado Miembro la Directiva EU 2019/1937 que protege los derechos de las personas que denuncian irregularidades (alertadores o “whistleblowers”). Al no cumplir con el plazo estipulado, España se enfrenta al riesgo de que se abra un procedimiento informal de infracción, incluyendo la posibilidad de recibir sanciones económicas, como prevé el artículo 260.3 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE). El pasado 25 de febrero el Tribunal de Justicia de la UE sancionó a España por no transponer a tiempo una Directiva de Protección de Datos, por un lado a pagar una multa coercitiva diaria de 89.000 euros, para poner fin al incumplimiento y, por otro, se impuso el pago de 15 millones de euros como medida disuasoria para prevenir futuros incumplimientos.
La ONG Blueprint For Free Speech que lleva varios años promoviendo la existencia de una ley que proteja a los denunciantes de irregularidades o alertadores, solicitó el pasado 22 de noviembre en cooperación con Access Info Europe y otras 7 ONG más información al Ministerio de Justicia sobre la transposición de esta ley. Tan sólo cuatro días después este ministerio resolvió “inadmitir el acceso a la información requerida porque el texto es todavía un borrador interno”.
“No es una ley de derechas o de izquierdas, es una ley para proteger a los denunciantes, tiene que ver con el buen gobierno, es decir, con la transparencia, la apertura, la rendición de cuentas y la prevención de la corrupción” dice Suelette Dreyfus, Directora Ejecutiva de Blueprint For Free Speech.
La solicitud de información fue realizada al amparo de la Ley de Transparencia. Nueve organizaciones instaron al Ministerio de Justicia a que entregase cualquier información o documento producido en el grupo de trabajo responsable de la redacción de la normativa, además de las aportaciones de consultas públicas previas, el último borrador actualizado y el cronograma o planificación para lograr la incorporación al ordenamiento jurídico nacional. Blueprint For Free Speech y Access Info recurrirán esta decisión del Ministerio de Justicia.
Ante la falta de progreso esta importante materia Blueprint for Free Speech, con el apoyo de 6 organizaciones más, reitera la necesidad de avanzar de manera participativa con el proceso legislativo en una materia tan sensible como necesaria a través de una carta abierta firmada por varias organizaciones. Las ONGs que apoyan esta propuesta son: Access Info Europe, Fundación Hay Derecho, Plataforma por la Honestidad, Asociación Española de Sujetos Obligados en Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo (ASEBLAC), Acción Cívica contra la Corrupción, Alertadores contra la corrupción. Esta solicitud se suma a las múltiples acciones de la sociedad civil de los últimos dos años reclamando el desarrollo de un proceso legislativo abierto y participativo.
El Gobierno español no sólo se comprometió en el IV Plan de Acción de Gobierno Abierto a incluir esta directiva de la UE en el ordenamiento jurídico español, sino a hacerlo de manera transparente. Asimismo, el Plan Anual Normativo de 2021, publicado en agosto de este año, incluye ésta como una de las prioridades.
La protección de los alertadores podría ayudar a salvar entre seis a nueve billones de euros al año en toda la UE, según un estudio publicado por la Comisión Europea en 2017. DESCARGAR AQUÍ